Terror en la corte

Por: Elián Zidán

Sí, es una migrante. Sí, no habla inglés. Sí, llegó a Estados Unidos hace menos de dos años. Sí, pertenece a una minoría. Pero lo esencial: es un ser humano con dignidad. Una madre que actuó bajo el instinto más puro: proteger a su familia.

No solo fue agredida verbal y físicamente. Sus hijos pequeños presenciaron la escena, siendo testigos directos del abuso de autoridad. Lo que ocurrió fue más que un empujón: fue la muestra más vil y violenta de cómo un hombre, amparado en su uniforme, decidió extralimitarse contra una mujer.

Las imágenes dejan preguntas inevitables sobre la ética con la que ciertos agentes del orden actúan. Por donde se mire, y dejando a un lado pasiones políticas, lo ocurrido es inaceptable.

El impacto fue tal que, por primera vez, las máximas autoridades del Departamento de Seguridad Nacional se manifestaron en contra de uno de los suyos. Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos, declaró:

“La conducta del agente en este video es inaceptable y denigrante para los hombres y mujeres del ICE. Nuestras fuerzas del orden se rigen por los más altos estándares profesionales y este agente será relevado de sus funciones mientras realizamos una investigación exhaustiva.”

¿Y qué quiere decir esto? Que si no hubiera existido ese video, si los periodistas no hubiéramos reportado lo ocurrido y las redes sociales no hubieran enardecido, este agente habría salido campante de esa corte, tras agredir a una mujer, sin enfrentar consecuencia alguna.

Afuera del tribunal, visiblemente afectada, la mujer denunció que revivió la misma agresión de la que huyó en su natal Ecuador. Y mientras tanto, a su esposo se lo llevaron detenido los mismos agentes que la agredieron y que hoy dejaron a sus hijos con un trauma imborrable.

Esto no se trata de descalificar el trabajo de quienes tienen la difícil tarea de velar por la seguridad o de ejecutar las leyes migratorias. Se trata de recordar que ese trabajo debe hacerse con ética, con profesionalismo, con humanidad. Cualquier abuso —ya sea físico o de poder— debe ser denunciado porque, sencillamente, está mal.

Nadie debería ser sometido a eso. Y mucho menos podemos normalizar lo que aquí ocurrió. Porque si callamos, si dejamos pasar un caso como este, mañana serán muchos más los que sufran lo que hoy nos indignó a tantos.

Lo más preocupante es que este caso no es un hecho aislado. Historias como esta se repiten en silencio todos los días en cortes, centros de detención y comunidades enteras donde los migrantes viven bajo la sombra del miedo. Lo que diferencia esta vez es que hubo cámaras, hubo testigos y hubo un video imposible de ignorar.

Si normalizamos estos abusos, si aceptamos que alguien puede ser reducido a “ilegal” y perder su humanidad y dignidad, entonces dejamos de defender los principios más básicos que sostienen a una democracia.

Al final, lo que pasó en esa corte no fue solo un abuso contra una migrante, ni contra una madre que no habla inglés, ni contra alguien que llegó hace poco a este país. Fue un ataque directo contra la dignidad humana.

Sí, es migrante. Sí, no habla inglés. Sí, pertenece a una minoría. Pero lo esencial sigue siendo lo mismo: es un ser humano con derechos, con familia, con sueños. Y si olvidamos eso, si dejamos que el uniforme pese más que la humanidad, entonces no hablamos de justicia, hablamos de terror.

Por eso, lo que debe prevalecer no es el abuso ni el silencio, sino un principio básico, universal y no negociable, el mismo que marcó el inicio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Libertad y dignidad para todos.”